Copas de sombrero

El 15-M y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) hicieron historia en España el pasado 15 de Junio, cuando por primera vez, un grupo social organizado impidió el desahucio de una familia en el barrio de Tetuán, en Madrid. Fui testigo y parecíamos únicos y poderosos. En Venezuela, la Red Metropolitana de Inquilinos, integrada en la red del Movimiento de Pobladores, lleva siete años impidiendo desalojos arbitrarios. Y son arbitrarios no porque no dispongan de orden judicial. La tienen. "Lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos, los inquilinos no llegan a enterarse de que tienen una causa abierta en los tribunales y su ausencia en los mismos les declara automáticamente culpables; a pesar de que la mayoría   dispone de los documentos necesarios que acreditan la cumplimentación de  los pagos del alquiler. Se enteran de que han sido objeto de un juicio el mismo día del desahucio, con la policía en la puerta. Entonces, los afectados tan sólo tienen dos días para interponer un recurso, buscarse un abogado que no pueden pagar y solucionar todo el papeleo. Son procesos de falsa legalidad y por lo tanto, arbitrarios. Injustos".

Me lo explica Ana Marina  Rodriguez, portavoz de este movimiento, en el patio de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a la puerta tras la que 165 diputados están debatiendo en el hemiciclo la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una ley que lleva meses discutiéndose en la calle y que previsiblemente se aprobará de forma definitiva el próximo martes, en la misma sala donde hoy se alteran los parlamentarios bajo la supervisión atenta de decenas de representantes de movimientos sociales.

La Red Metropolitana de Inquilinos ha conseguido parar 2.000 desalojos sólo en la ciudad de Caracas en todo este tiempo. Inevitablemente pienso en su ventaja. Lecciones. 

“No hemos parado de salir a la calle para impedir todos aquellos desahucios ilegales que nos encontrábamos, sobre todo en las grandes ciudades del país. El pueblo salvando al pueblo. Nos parábamos frente a los edificios, gritábamos consignas contra el desalojo y los jueces decidían suspender la ejecución de las medidas. Eso nos funcionó y fue la estrategia que hemos manejado durante años para parar esta práctica”, concluye.

He mencionado la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda de la que hablaré después más extensamente, por su importancia estos días en Venezuela; pero antes de detallar este proyecto  y su actualidad, me gustaría hablar, por lo necesario para comprender, de la trayectoria y el trabajo del Movimiento de Pobladores, con el que he estado en contacto los últimos días, advirtiendo y aprendiendo paralelismos.

Lo primero, la definición. ¿Qué es el Movimiento de Pobladores? Me responde uno de sus portavoces, Rigel Sergent: “Se trata de una plataforma compuesta por varias organizaciones sociales que convergen de forma unitaria (Campamento de Pioneros, Comités de Tierra Urbana, Trabajadores Residenciales, Movimiento Ocupante, Red Metropolitana de Inquilinos y Frente por el Buen Vivir), nacida hace cuatro años con un objetivo común: la transformación social de los espacios. La recuperación de las ciudades y los edificios. La construcción de un nuevo hábitat dignificado”. 

Rigel Sergent, portavoz Movimiento de Pobladores

 Los tugurios, ya lo decía aquél libro, se llaman favelas en Río de Janeiro, jacales en México, barriadas en Lima, callampas en Santiago de Chile, villas miseria en Buenos Aires, cantegriles en Montevideo, chabolas en Madrid y barrios en Caracas. En esta ciudad viven 3,5 millones de personas. Un 60% lo hace en barrios.

En el sector Tamanaquito del barrio de Catia llevaba viviendo desde hacía 21 años Rodrigo Rivera junto a otras 300 familias. Hace un año, la suya fue una de las 50 que perdió su “ranchito” (así llaman a las casas hechas de bloque y uralita de los barrios) en esta zona por las fuertes lluvias que asolaron el país durante todo el mes de Noviembre. 

Aproximadamente, la cifra de familias afectadas en el conjunto de Venezuela ascendería hasta 150.000 según el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. A día de hoy, muchas de ellas siguen sin un lugar para vivir, pasan los días en refugios habilitados por el gobierno. 

Rodrigo es uno de ellos, un “refugiado”, como él mismo se me presenta. En concreto, refugiado del núcleo Fabricio Ojeda, en el mismo Catia. Antiguas zonas dedicadas al uso común: canchas deportivas, sanitarios, carpas…recicladas como hostels improvisados desde hace once meses.

Como consecuencia de estas lluvias, el Gobierno puso en marcha lo que se conocería como Gran Misión Vivienda. ¿El objetivo? Realojar a todos los damnificados por lo ocurrido en Noviembre, construir dos millones de viviendas en los próximos siete años, algo que muchos consideran demasiado ambicioso, y realizar un Registro Nacional de Vivienda, un censo, contar cuántos venezolanos necesitan un techo. Empezó en Mayo. Van tres millones de personas registradas. Y continúa. 

Otra de las consecuencias de aquel nefasto designio de la naturaleza fue la aparición del Frente por el Buen Vivir, organización integrada en el Movimiento de Pobladores. Rodrigo es uno de sus “voceros”:

“Queremos reconstruir y entregar viviendas dignas a estas familias que pertenecen al frente y que lo han perdido todo. Sin esperar más en los refugios. Llevamos trabajando desde Enero para rehabilitar las viviendas. No podemos dejarlo todo en manos del gobierno. Aquí estamos. Empezando, formando, educando para su nueva vida, para su nueva ubicación, a estas familias tan acostumbradas a vivir en su ranchito; hacemos actividades semanales, cine-fórums, charlas, debates… Si pudimos construir nuestra vivienda en el cerro, ¿por qué no podemos hacerlo aquí? Pero no de manera individual, sino de manera colectiva, creando una sociedad”, me asegura mientras me enseña el CEIVA, uno de los 14 edificios “ociosos” (vacíos, desocupados) que el Frente está preparando en Caracas para varias de las 200 familias que lo forman. Por el momento, en este del centro de la ciudad queda mucho por hacer. 

Edificio vacío ocupado por el Frente por el Buen Vivir en el centro de Caracas.

Mismo edificio por dentro.

 En Venezuela, ocupar no es okupar. En Venezuela ocupar forma parte (y me voy a permitir utilizar aquí un entrecomillado muy bolivariano…) de la “reestructuración de la geometría del poder”. Y todavía más. Más concepto. Más sentido/s. Amparo legal y gubernamental. Anoche había Asamblea del Movimiento Ocupante en el edificio de Conde Apiñán. Hay asambleas cada miércoles y cada sábado. El Movimiento Ocupante comparte la filosofía del resto de grupos de la red de Pobladores. Existe desde el año 2000 pero funciona activamente desde el 2010. A él pertenecen 4.500 familias que viven en 310 pisos recuperados, ocupados, de la ciudad. En Caracas, sigue habiendo más de 1.000 edificios abandonados que no reciben ningún tipo de uso.

“Eran pisos que estaban vacíos. La mayoría se construyeron en los años cincuenta para uso residencial. Antes de ocupar, estudiamos el edificio durante semanas, investigamos cuánto tiempo lleva vacío. Algunos llevaban hasta veinte años así. Los transformamos por dentro y por fuera. El movimiento es una respuesta a la crisis de la vivienda en Venezuela, a su mercantilización”, me cuenta Harrison Moya, miembro de Ocupantes desde sus comienzos, antiguo vecino del barrio de San José donde su casa era su habitación y su espacio único que compartía con dos personas más. “Hacinados”, asegura. 

Harrison abre el turno de palabras en la Asamblea. Miro a mi alrededor y veo ancianos, niños, chicos jóvenes, parejas, matrimonios de mediana edad. Todos esos son los ocupas de Venezuela. Pienso en mi familia y en toda la gente que conozco y me doy cuenta de que ellos, y yo misma, podiamos ser ocupas en este país. Sin estereotipos. Porque el techo es cosa de todos. Como el pan. Cada uno tiene su historia, está claro, pero escucho un paradigma. Parece una de esas frases de lógica de la filosofía de primero de bachillerato con un perro verde que convierte a todos los perros en verde de por medio: “¿por qué haber gente sin casa si hay casas sin gente?”. Y eso, tan sencillo, me pareció que nunca antes se me habría ocurrido. Tan obviamente. Y tan desechado. 

Asamblea del Movimiento Ocupante.

 Gente como Ana María, una señora a la que no pregunto la edad, pero a la que calculo unos… taitantos. Me dice que lleva “ocupando” (y me sigue sonando tan anti sonante esta palabra en boca de esta señora a la que sin duda hubiera dejado mi asiento en el metro. Pero es otra cosa. Cambio el chip) dos años y medio, “desde que la policía metropolitana mató a mi hijo en la puerta de mi casa en Petare”. Entonces se mudó con sus otros dos hijos a un piso del Movimiento por la Avenida Urdaneta. Y desde entonces viene a las Asambleas. La gente habla de lo que queda por hacer, y de lo que ya se ha hecho, de quién necesita una mano para lo que sea; y por el altavoz reitera la ideología, la técnica, lo teórico…la convivencia, los vecinos, la familia, la lucha, el socialismo…Y lo creen. Y lo hacen. Y yo no tengo nada que decir ahí. Y hasta me da vergüenza moverme mucho de la silla. Por ignorante.

El gran logro hasta el momento de toda esta red de activismo se produjo el 6 de Mayo de este año. Se trata del Decreto 8190 con “rango, valor y fuerza de ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria de viviendas”. Una ley única en el mundo a nivel nacional que obliga al Estado a garantizar asistencia jurídica al inquilino, a un juicio justo entre las partes y a dar un plazo de diez meses al usuario de la vivienda para buscarse otro alojamiento. Si no lo consiguiera, el Estado está obligado a realojarlo en un refugio o vivienda pública. 

Esto, en un país, donde lo obvio no lo es tanto y la especulación inmobiliaria está a la orden del día. “Es una forma de acabar con los desalojos disfrazados de aparente legalidad”, señala Ana Marina Rodriguez, de la Red Metropolitana de Inquilinos. Esta organización ha enfrentado más de 14.000 juicios en sus siete años de vida. 

Movilización contra desalojo Movimiento de Pobladores

 El que se espera sea el segundo gran logro es, y acabo hablando del principio, el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, proyecto que también ostenta un título: es la primera vez en la historia de Venezuela que un texto de previsión legislativa es redactado en su totalidad por el pueblo. En su diseño han participado desde Enero más de 200.000 personas de los 23 estados del país y el Distrito Capital, repartidas en “asambleas de trabajo donde hemos llegado a participar hasta 600 personas” me cuenta Ana Marina. Y de nuevo pienso en España y en los últimos cinco meses. Y en los paralelismos. O en los no paralelismos. 

El porqué de esta ley es el descontrol de la especulación inmobiliaria. Así me lo explica Eleusis Borrego, también de la Red Metropolitana de Inquilinos: “Aquí en Caracas, el alquiler de un apartamento de 80 metros cuadrados cuesta entre 7000 y 8000 bolívares (entre 600 y 700 euros. Hay que tener en cuenta que el sueldo básico de un venezolano son 1.500 bolívares). Es una situación impagable. En Mérida, donde yo vivo, una habitación para un estudiante ha subido en los últimos seis años de 80 a 2.000 bolívares”. 

Y continúa contándome algo que a mí me resulta curioso: “Aquí también se estila mucho hacer cláusulas leoninas, que van en favor del propietario y en detrimento del inquilino. Pasan cosas tan absurdas como que para ir a ver un apartamento te cobren 500 bolívares (unos 40 euros).  Sólo por ir a verlo. Es lo que llaman el “derecho a la llave”.

Debate en la Asamblea Nacional.

 Con la nueva ley se pretende conformar un “sistema justo regulado por una Súper Intendencia”, órgano rector que será quien dicte las políticas en materia arrendataria de viviendas, crear una metodología para calcular el justo valor del inmueble obteniendo la fórmula de rentabilidad anual de la vivienda, y sancionar con multas a aquellos propietarios que no cumplan con el precio regulado para el alquiler (el Estado “regula” los precios del alquiler, de tal manera que por ley, un precio nunca puede sobrepasar los límites que se establecen públicamente. No obstante, esto casi nunca se respeta…de ahí la problemática y la especulación).

Los propietarios no están de acuerdo. En muchos aspectos la consideran una ley parcial y se quejan de dos factores fundamentales. Uno: “el canon (precio mensual del alquiler) regulado sólo se va a revisar cada tres años. Mientras, la inflación sube anualmente en este país entre un 25 y un 30%. Un propietario no puede soportar tres años de inflación económica sin subir el precio del alquiler como corresponde. Eso significa la ruina”, me asegura Roberto Orta, presidente de APIUR (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos). 

Y dos: “la nueva ley no tendrá en cuenta a la hora de establecer el valor de la vivienda algo tan importante como la ubicación de la misma, y eso es una gran pérdida patrimonial”, concluye. 

Quejas comprensibles en un país del que Fernando Coronil habló, utilizando un simil de otro, como si fuese “un mago que saca de su sombrero de copa ilusiones y milagros de modernidad”. El “estado mágico” que echa de menos una variada producción/inversión nacional al margen del petróleo y que no quiere mercados paralelos que concilien el bolívar con la divisa en el cajón de la economía sumergida. Pero ese es otro cuento.