Y dijo Álvaro Uribe: “En Colombia no hay conflicto armado”. “En Colombia no hay desplazados, hay migrantes”. “El paramilitarismo es cosa del pasado, la guerrilla está en “el fin del fin”.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en el Congreso colombiano el pasado 2 de Junio con 93 votos a favor y tres en contra bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. En su artículo tercero podemos leer: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente, hayan sufrido un daño (…) con ocasión del conflicto armado interno”.
Aunque parezca una afirmación obvia, ningún gobierno de este país había reconocido la existencia de este hecho.
Más datos. Según el último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la cifra de personas desplazadas en Colombia por razones de violencia asciende a 5.195.620 (las cifras oficiales hablan de 3.600.000), situando al país sudamericano como el primero del mundo en el ránking de este dudoso récord. De todos estos “mIgrantes” de Uribe, el 94% vive bajo el umbral de la pobreza según datos de la ONU.
Y más. Actualmente continúan abiertas en la Fiscalía colombiana 334 investigaciones por presuntos casos de parapolítica en todo el país. Mientras, el 39% de los senadores elegidos en 2002 y reelegidos prácticamente en su totalidad en el 2006 bajo el gobierno del Partido de la “U” han sido investigados por esta misma causa. 8 de cada 10 pertenecían a la coalición gobernante de Álvaro Uribe, quien solicitó públicamente su voto para apoyar su agenda legislativa: “Le voy a pedir a los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos del Gobierno”. En estos momentos, ya han sido imputados y condenados 25.
El propio Salvatore Mancuso, alias “el Mono Mancuso”, capo paramilitar y narcotraficante confeso al que se le atribuyen al menos 300 asesinatos, se subió en el 2004 a la tribuna del Congreso colombiano para afirmar que creía en “el Dios de la esperanza, del amor y del perdón”, y para reconocer satisfecho que en las últimas elecciones de 2002 “recomendamos a la gente a quién votar. En este sentido, podemos afirmar con los datos en la mano que la meta inicial del 35% (de sus candidatos) ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia- grupo en el que se aunaron en el año 97 la mayoría de grupos paramilitares para crear una organización centralizada-)”.
Después de esto, de Ralito, de la (presunta) desmovilización paramilitar y de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, a fecha de hoy hay en Colombia unos 10.500 hombres rearmados en bandas criminales (BACRIM) con la participación de 4.500 paramilitares que nunca se reinsertaron o que lo hicieron y reincidieron.
Iván Cepeda es senador en Colombia por el Polo Democrático Alternativo. Dirige desde el 2005 el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE- casualmente, el movimiento se constituyó el mismo día que se firmó la Ley de Justicia y Paz), que aúna a más de 200 asociaciones que de una u otra manera se han visto afectadas por el conflicto colombiano y luchan por la restitución de los derechos humanos en el país. El padre de este senador, Manuel Cepeda, fue miembro de la “extinguida” Unión Patriótica y asesinado en el año 1994 “por un operativo conjunto de militares y paramilitares”. El pasado verano, el Estado colombiano reconocía públicamente los hechos y pedía perdón a Cepeda.
¿En qué consiste la labor de denuncia que lleváis a cabo desde MOVICE?
Hay que tener en cuenta el proceso que hemos estado viviendo en los últimos años en Colombia. Se trata de un proceso de una profunda lucha y contradicción en torno al tema de la justicia. La intención del gobierno de Uribe era generar un proceso de amplia impunidad a partir de un pacto con los paramilitares (hecho antes del gobierno y no durante).
Con el pacto de Santa Fe de Ralito estos dos actores (gobierno y paramilitares) llegaron a un acuerdo con dos puntos básicos: los políticos le garantizaban a los paramilitares una ley de impunidad, mediante la cual pudieran llegar al Parlamento, y a su vez estos grupos se comprometían a conseguir votaciones cuantiosas para estos políticos en muchas regiones del país.
La Ley de Justicia y Paz no tuvo el éxito en el Parlamento que el partido de Uribe esperaba y desde la oposición impusimos muchas trabas para su aprobación. También la presión en la calle fue muy fuerte y lo que Uribe pensaba que sería un proceso fácil y sencillo se comenzó a enredar. Primero en el Parlamento, después con el control constitucional de la ley y por último con en el nacimiento de lo que se llamó la “parapolítica en Colombia”. Comenzó un proceso de investigación de los congresistas y la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de iniciar procesos. El propio primo del presidente se vio implicado. Junto a él, un tercio del congreso aparece imputado en la actualidad. Los movimientos sociales como MOVICE son los principales impulsores de estos logros.
¿Cómo valoráis la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que entrará en vigor el próximo mes de Enero?
El que hoy exista una ley con ese título en Colombia es una conquista de las víctimas. No es una concesión del gobierno. El Gobierno ha querido presentarlo como un triunfo propio pero la verdad es que Santos formó parte de la coalición de Uribe, que fue esencialmente antivictimas. ¿Por qué se llega a una ley de esta naturaleza? Porque hay una gran presión social y el Gobierno ha decidido tratar de saldar esta deuda inmensa de una manera sencilla y barata.
Con un gran show mediático presenta el presidente la ley en el Parlamento pero omite la letra pequeña que elimina su poder transformador. Para empezar, es una ley de reparaciones, no es de verdad y justicia. Y si es reparación, es sólo administrativa. Además depende de una voluntad total del Gobierno y no parte del diálogo con las víctimas. No es cierto que esta ley haya sido objeto de un debate democrático en el que las víctimas hayamos podido decir qué queremos y cómo lo queremos.
Por otra parte, se plantea como principio de reparación que sea el erario público el que asuma todos los gastos. Que sean los impuestos de los ciudadanos los que carguen con la reparación. No puede ser que el Estado renuncie a perseguir los grandes capitales, las tierras de los criminales que se han lucrado de todo este desplazamiento y de toda esta guerra.
En segundo lugar, reduce rápidamente los alcances de la reparación incluyendo un principio que es el de “Sostenibilidad Fiscal”. ¿Qué significa eso? Significa que toda norma tiene que ajustarse a lo que el Gobierno considera que es adecuado al presupuesto nacional.
¿Y quién define el presupuesto? El Gobierno. Ellos deciden lo que se destina a cada rubro y lo que privilegia es el presupuesto de guerra, los subsidios a las grandes compañías y banqueros. En el último lugar están la educación, la salud y las víctimas. Por ejemplo, el Gobierno dice que va a invertir 6 billones de pesos este año para las víctimas pero en realidad, si lo estudias de forma detallada, son 2 billones de pesos para la reparación. Sin embargo, para el sector de defensa, se consagran 20 billones de pesos. Es decir, una cantidad mucho más significativa.
Hay diferencia entre reparar a alguien y asistirlo humanitariamente. La asistencia es una ayuda puntual que no resuelve un problema de fondo sino que de manera temporal alivia una condición…Un proceso de reparación es otra cosa. Tiene un carácter permanente. No busca sólo el alivio temporal sino la solución profunda de los problemas causados por la violencia.
Se acaban de aprobar algunos detalles económicos de esta ley. Por ejemplo, la cuantía destinada a la indemnización oscilará entre los 17 y los 40 sueldos mensuales mínimos por familia dependiendo de la situación que reclame (un sueldo mínimo en Colombia son 566.000 pesos, unos 250 euros). ¿Creéis que es insuficiente? ¿De dónde debería salir el dinero para la reparación si no es del erario público?
No es cierto que cada familia vaya a recibir tales indemnizaciones. Se van a descontar otras partidas: educación para los hijos de las víctimas, que se construya una carretera en el pueblo en el que viven…Es decir, las funciones que debe cumplir el Estado, no para las víctimas sino para todos los ciudadanos.
No es posible que estos ciudadanos tengan que pagar una reparación cuando hay un grupo de paramilitares, de terratenientes, de empresarios que todos nosotros sabemos quiénes son y dónde están sus bienes robados, que gocen de impunidad y que sean intocables. El Estado dice que no tiene las herramientas ni el poder necesario para lograr que todos estos bienes sean restituidos pero nosotros creemos que se trata de una falta clara de voluntad política.
Si el Estado es tolerante con los criminales y la corrupción, ¿cómo va a conseguir recursos? Sólo queda, claro, recurrir al presupuesto nacional.
El segundo asunto es, ¿con qué criterio hay sostenibilidad fiscal en Colombia? No hay ningún tipo de escrúpulos ni de miramiento cuando los banqueros lanzan un S.O.S y piden subsidios del Gobierno. Nadie dice nada. El Ministro de Hacienda no saca entonces la calculadora. Sin embargo, cuando se habla de las víctimas el comportamiento es totalmente distinto: “es demasiado costoso, esto va a significar la bancarrota de las finanzas públicas…” Etc, etc. La Ley de Víctimas es una pequeña isla en un océano de dificultades.
En estos momentos no hay un censo oficial sobre la posesión de tierras en Colombia y en el 60% de la propiedad rural no existen papeles que demuestren la existencia de títulos de propiedad. ¿Cómo se va a llevar a cabo entonces la restitución de los 6 millones de hectáreas que ha prometido el Gobierno con esta ley? ¿Basta la promesa oral de las organizaciones campesinas?
Este es otro de los aspectos en discusión. En primer lugar, nosotros consideramos que es muy saludable que se haya planteado el tema de la restitución de las tierras pero se hace con un criterio muy limitado. Colombia es uno de los países del mundo con una distribución de la tierra más inequitativa. El índice de concentración del suelo muestra que el 1% de los propietarios concentra el 80% de la tierra. Y de ese 1%, muchos de los propietarios son gente que ha estado ligada al proyecto paramilitar.
Por ejemplo, se habla de que en los últimos 20 años en Colombia, más o menos entre 6 y 14 millones de hectáreas de tierra han sido usurpadas a los campesinos. En este sentido, hay un señor que es un jefe paramilitar y narcotraficante que nunca ha sido tocado de forma seria y nunca se desmovilizó. Es el señor Víctor Carranza. Él controla un imperio que se extiende por 11 departamentos del país y tiene más de un millón de hectáreas de tierra que no ha conseguido de forma lícita. La pregunta es: ¿por qué el Gobierno no le hace una extinción de dominio sabiendo eso?.
¿Se quiere hacer restitución? Perfecto. Que se arrebaten las tierras a quienes las han conseguido ilegalmente. En este sistema hay muchos defectos. Uno de ellos es la creación de la figura del “tenedor de buena fe”. Es decir, una persona que habiendo adquirido una tierra objeto de despojo, se presume que lo hizo sin saber la procedencia del objeto de su negocio, cosa bastante improbable, ya que comprar un pedazo de tierra no es como comprar un celular robado en una esquina de la ciudad.
La figura del tenedor de buena fe le permite a empresarios y terratenientes en la Ley de Víctimas, que esa presunción les ofrezca la posibilidad de quedarse legalmente con la tierra o de mantener los cultivos que tengan en dicha tierra a cambio de pagar un insignificante arrendamiento a los verdaderos dueños. Va a haber un proceso de legalización del despojo.
Por otra parte, si atendemos el lado de las víctimas nos encontramos con un proceso muy complejo. Sí hay unos Bancos Estadísticos que el Estado elaboró durante años. En esos Bancos figuran nombres de personas que eran dueñas de esas tierras. El problema es qué va a pasar con toda esa información. ¿Cómo se va a dar el paso de esa antigua institucionalidad a la nueva? ¿Cómo van a poder actuar los campesinos?. Tal y como se plantea este proceso de restitución parece que de un lado van a estar los terratenientes con grandes bufetes de abogados y de otro lado los campesinos sin protección legal y sin poder respaldar su versión salvo con su palabra. Vamos a tener escenarios legales y jurídicos muy desiguales.
¿En qué va a consistir el proceso de restitución entonces? Básicamente, los campesinos van a acabar con tierras que no son las propias dejando que permanezca el derecho de superficie: que los que están explotando la tierra la sigan explotando. La gran mayoría de las personas que obtengan restitución van a obtener o bien unos terrenos baldíos de la nación de muy mala calidad, o bien unos títulos que van a poder ser negociados y que les van a entregar una mínima parte de lo que significa el valor de su tierra.
Después de todo esto, un último apunte. El gobierno de Santos se propone entregar en concesión a las empresas mineras y petrolíferas más de 39 millones de hc de tierra. Mientras que por una parte ofrece 6 millones de hc en restitución, está pensando entregarle la mitad del país cultivable a los grandes monopolios. La pregunta es: ¿cómo puede hacer compatible esta política supuestamente revolucionaria con un modelo tan dañino para el país?
Por otra parte, se está llevando a cabo una reforma de la justicia en el país que está siendo muy debatida en el Congreso. El gobierno de Santos prevé la ampliación de las competencias de los fueros militares, el aumento de 7 billones de pesos del presupuesto nacional para el Ejército y la creación de una “Súpercorte” que dejaría en un segundo plano decisorio el papel de la Corte Suprema… ¿Cuál es tu valoración al respecto?
Es un gran pasaporte como nunca lo habíamos visto en Colombia hacia la impunidad. ¿En qué consiste? Durante las últimas décadas, logramos reducir el fuero militar a sus justas proporciones: que los militares sean juzgados por militares sólo cuando los hechos delictivos se hayan cometido en actos de servicio propiamente dicho. Los crímenes de lesa humanidad, los genocidios y los delitos no son parte de ese servicio militar y por lo tanto son los jueces civiles quienes deben juzgarlos.
Este gobierno se ha inventado un argumento extraordinario: que los civiles no conocen la complejidad de las operaciones militares y por lo tanto juzgan de una manera bastante ligera cometiendo graves injusticias.
La reforma hace un giro sutil: toda operación militar y policial se presume como acto de servicio. Quien juzga a un militar ante una Corte Militar es su superior, es decir, regularmente quien ha dado la orden de la misma operación. Así se destruye un principio elemental de justicia: la independencia. De esta forma, todos los militares que hemos conseguido llevar a las cárceles por crímenes de lesa humanidad pueden quedar automáticamente bajo la competencia de la justicia militar, quedando muchos de ellos en libertad.
La lectura entre líneas es la siguiente: el Gobierno tiene una intención clara de recrudecer la violencia en el conflicto.
Y en cuanto a la “Súpercorte”… ¿Qué significa? Muchos opositores de esta medida denuncian que se trata de un acto de represalia ante la Corte Suprema por las sentencias condenatorias por parapolítica a un tercio del Congreso…
Eso es una aberración. Es en primer lugar una revancha del Congreso con relación a los juicios que ha levantado la Corte Suprema.
Y en segundo lugar, ¿en qué consiste la “Súpercorte”? En que se elegirán 2 miembros del Poder Ejecutivo, 2 miembros del Congreso y 2 miembros de las Cortes para juzgar a funcionarios de alto nivel. No hay que ser adivino para entender que los delegados del ejecutivo y del legislativo en esa Corte puedan formar mayoría. No hay ninguna garantía de que esa instancia realmente administre justicia, más bien parece que se va a convertir en un órgano de impunidad.
El pasado mes de octubre se aprobó el último Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU suprimiendo los aranceles para la importación del 82% de los productos norteamericanos. ¿Cómo va a influir este nuevo acuerdo en la economía del país y en el desarrollo de los productos colombianos?
Con estos tratados se produce la debacle económica para el país. Los campesinos y los productores agrícolas de países como EE.UU o la UE son campesinos que cuentan con subsidios para su actividad. Los nuestros no cuentan con ninguna clase de ayuda del Estado, más bien al contrario, se les plantean muchas dificultades.
No estamos preparados para competir internacionalmente. Además, hay que sumar que Colombia es un país con conflicto armado. Eso hace que nuestra economía y capacidad productiva sea limitada y precaria.
Con estos TLC asistimos a una pauperización del campo. Hay regiones donde existe una tasa de pobreza del 80% de la población. Además, conlleva la destrucción de pequeños campesinos y agricultores. En estas condiciones tan inequitativas va a ser muy difícil cualquier tipo de supervivencia, sobre todo en el contexto de recesión económica a nivel mundial en el que vivimos.
¿Se incentiva de esta manera el cultivo de coca, un negocio que vende el kilo de pasta base a 1.000 dólares?
Es evidente que muchos campesinos que han vivido de desplazamiento en desplazamiento tras lo que se ha llamado la “ampliación de la frontera agrícola”, han visto en la coca la única forma de sobrevivir y de hacer sostenible su situación.
¿Cómo se garantiza la legitimidad del gobierno de Santos teniendo en cuenta que él era Ministro de Defensa en el anterior gobierno, cuando conocimos el escándalo de la parapolítica colombiana? ¿Y cómo se explica el cambio de postura con países fronterizos como Venezuela o Ecuador respecto a la actitud mantenida por su antecesor Álvaro Uribe?
Sin lugar a dudas Santos tiene responsabilidad con todo lo que ha ocurrido en el gobierno anterior, pero entiende perfectamente las realidades políticas y económicas del mundo actual. Por supuesto desde su perspectiva, pero las entiende, y tiene la visón de una América Latina blindada ante la catástrofe económica en la que está entrando el capitalismo a nivel mundial. Ha adoptado una postura de supervivencia.
Más allá de cualquier consideración diplomática…lo que vemos son designios muy concretos sobre cómo protegerse de este tsunami de la crisis de la economía mundial.
Santos está entendiendo que hay que asociarse a gobiernos con los que no tiene ninguna afinidad ideológica pero sí un propósito que puede ser común.
¿Crees que la paz en Colombia ha de pasar por un proceso de diálogo con la guerrilla?
Es necesario un diálogo y una agenda hacia la paz. Este es un problema internacional. El conflicto colombiano ha sido utilizado como un pretexto para la intromisión en América Latina, es un factor permanente de inestabilidad en las fronteras, se convierte en un pretexto para estigmatizar a la izquierda colombiana… No solamente es deseable sino imperativo que Colombia aborde este proceso.
¿Y qué hacer con los grupos paramiliatres-BACRIM que están vigentes hoy en día?
Los paramilitares son un aspecto de este conflicto, pero son un aspecto derivado. El Estado colombiano ha querido ponerle a esta mesa más patas de las que son. Esta mesa es de dos patas esencialmente: el Estado y sus fuerzas militares con las fuerzas que ha creado ilegalmente (paramilitares); y de otro lado, quienes se le oponen.
Tratar de mostrar a los paramilitares como una fuerza en contra del Estado es un absurdo. Eso fue lo que hizo Uribe. Los paramilitares son una creación estatal en Colombia. Cuando se acabe el conflicto hay una probabilidad muy grande de que desaparezcan los paramilitares por sustracción de materia.
No creemos que deba haber una negociación, como ha querido plantearse, entre estas bandas criminales y el Estado. No creemos que sea una negociación admisible porque básicamente no hay mucho que negociar.
